Una sentencia dictada en Sevilla estima íntegramente la demanda, condena a la entidad bancaria a devolver las cantidades sustraídas y le impone los intereses legales y las costas judiciales.

Lo hemos vuelto a hacer.
En AVEZALIA hemos obtenido una nueva sentencia favorable en defensa de un cliente víctima de una estafa bancaria mediante smishing, una modalidad de fraude informático que utiliza mensajes SMS para suplantar la identidad de entidades financieras.

La resolución, dictada el 12 de noviembre de 2026, condena a Banco Santander a restituir las cantidades correspondientes a las operaciones no autorizadas, junto con los intereses legales desde que se produjeron y las costas del procedimiento.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante de esta sentencia no es únicamente el resultado favorable, sino la contundencia con la que el magistrado analiza la responsabilidad de la entidad financiera.

Un fraude con circunstancias especialmente significativas

Nuestro cliente recibió un SMS que aparentaba proceder de su banco y que se integraba en el mismo hilo de mensajes utilizado habitualmente por la entidad, reforzando así su apariencia de autenticidad.
Tras producirse el fraude, el banco informó de que había rechazado un intento fraudulento de contratación de un préstamo personal. Además, las operaciones fraudulentas quedaron inicialmente retenidas, pero terminaron ejecutándose dos días después.

Estas circunstancias adquieren especial relevancia al analizar las obligaciones de seguridad y control que corresponden a las entidades financieras.

El magistrado cuestiona expresamente la postura defensiva del banco

Uno de los aspectos más singulares de esta resolución es la valoración que realiza el magistrado sobre la posición mantenida por Banco Santander, que atribuía lo sucedido a una supuesta falta de diligencia del cliente.

Tras considerar acreditadas las operaciones fraudulentas, la sentencia afirma: «Hubiera dado igual que la actora hubiera acreditado más datos, pues la postura de la demandada siempre es la misma, negar su responsabilidad». Se trata de una valoración judicial especialmente contundente, que pone de manifiesto que la mera negativa de la entidad a asumir su responsabilidad no puede sustituir la prueba que legalmente le corresponde aportar.

Pero la resolución va más allá y aborda otra cuestión fundamental: la obligación de las entidades financieras de proteger adecuadamente los datos utilizados en sus relaciones con los clientes.

El magistrado relaciona la responsabilidad del banco con la protección de los datos que permiten a terceros suplantar su identidad y considera que la entidad debe responder de las consecuencias derivadas de una custodia indebida. Este razonamiento resulta especialmente significativo porque sitúa el debate no solo en la actuación del cliente frente al engaño, sino también en las obligaciones de seguridad que corresponden al prestador del servicio bancario.

La entidad financiera debe acreditar la negligencia grave del cliente

La sentencia aplica el régimen de responsabilidad establecido en el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago, conforme al cual corresponde a la entidad financiera acreditar la autenticación de las operaciones y, cuando pretenda excluir su responsabilidad, demostrar la existencia de fraude o negligencia grave del usuario.

El hecho de que una operación se haya ejecutado utilizando determinadas credenciales bancarias no demuestra necesariamente que haya sido autorizada por su titular.

Esta nueva resolución constituye una satisfacción profesional para nuestro despacho y refuerza la importancia de analizar individualmente cada supuesto de fraude bancario.

Ser víctima de una estafa informática no equivale a haber actuado con negligencia grave, ni permite trasladar automáticamente al consumidor las consecuencias económicas del fraude. Las entidades financieras tienen obligaciones legales de seguridad, autenticación y protección de sus clientes cuyo cumplimiento debe poder acreditarse.