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Uso de materiales originales ajenos en trabajos propios

Copyright

Copyright

¿Qué ocurre cuando se usa trabajos intelectuales propios de materiales originales pertenecientes a terceras personas y susceptibles de ser protegidos como obras por la normativa de propiedad intelectual?

 

Actualmente, entendemos por propiedad intelectual aquella modalidad especial de propiedad que recae sobre las creaciones originales fruto de la inteligencia, del esfuerzo intelectual humano.

 

Por tanto, varias son las notas que podemos extraer de esta definición lato sensu de propiedad intelectual:

 

En primer lugar, que, como de su propia denominación se desprende, la propiedad intelectual es una forma de propiedad. De ahí que el titular de la misma pueda ser perfectamente considerado como propietario, a pesar de que el término usualmente empleado en nuestra sociedad sea el de autor, figura que no encaja más que con una de las modalidades existentes en esta materia.

 

En segundo lugar, el concepto de propiedad intelectual se caracteriza esencialmente por el objeto concreto sobre el que recae, esto es, sobre una obra inmaterial, entendiendo por tal toda creación original intelectual.

 

Por tanto, varios son los requisitos que han de concurrir en una obra para poder ser objeto de propiedad intelectual: ha de ser una creación de un ser humano, ha de ser original y ha de ser una creación intelectual. Reuniendo una obra tales notas, da igual que la misma sea literaria, artística, científica o técnica.

 

Cuando hablamos de que sobre una determinada obra existe o concurre un derecho de propiedad intelectual, realmente estamos haciendo referencia a una pluralidad de derechos o facultades de muy diversos contenido y carácter. A saber:

 

De un lado, y a diferencia de lo que sucede con el derecho de propiedad ordinario que, por ejemplo, recae sobre cualquier finca o inmueble, el derecho de propiedad intelectual supone la atribución a su titular de un haz de facultades englobados en el concepto de derecho moral, esto es, aquellos atribuidos al autor de la obra en cuestión por ese mero hecho y que, por ello mismo, son absolutamente indisponibles, irrenunciables e indisponibles.

 

En concreto, corresponden al autor los siguientes derechos de carácter moral:

 

1º.- Derecho de divulgación.- Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma y determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.

2º.- Derecho a la paternidad.- Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.

3º.- Derecho a la integridad.- Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.

4º.- Derecho de modificación.- Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.

5º.- Derecho de retirada o arrepentimiento.- Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.

6º.- Derecho de acceso.- Al ejemplar raro o único de la obra.

 

De otro lado, y junto a los anteriores, se encuentran los derechos de contenido patrimonial o económico, es decir, los derechos de explotación, que son aquellos que tienen por objeto explotar una obra, sacarle un rendimiento económico.

 

Este tipo de derechos, a diferencia de los anteriores puede ser objeto de disposición por parte de su titular, de ahí que no siempre el autor de una obra sea el titular de los derechos económicos sobre la misma.

 

En concreto, son derechos patrimoniales de propiedad intelectual los siguientes:

 

1º.- Derecho de reproducción.- Fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda o parte de una obra, que permita su comunicación o la obtención de copias.

2º.- Derecho de distribución.- Puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

3º.- Derecho de comunicación pública.- Todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin una previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

4º.- Derecho de transformación.- Comprende la traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que derive una obra diferente.

 

Hay que dejar sentado un principio básico y general: el sujeto titular del derecho de reproducción de una obra podrá acceder o negar a cualquier otra persona la posibilidad de que reproducir una obra, ya sea en parte ya sea en su totalidad.

 

Por tanto, cualquier acto de reproducción de una obra deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de reproducción. Sin dicha autorización la reproducción será ilícita y podrá dar lugar a que su titular exija el cese de la reproducción, además de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

 

No obstante, dicho principio general cuenta en nuestro ordenamiento jurídico con importantes excepciones o límites. Dichas excepciones pueden ser de muy diverso tipo:

 

1º.- Citas y reseñas.

2º.- Informaciones y trabajos sobre temas de actualidad.

3º.- Obras situadas en vías públicas.

4º.- Reproducción en determinadas instituciones.

5º.- Parodias.

 

Dentro de dichas excepciones nos detendremos en la referida a las citas e ilustración de la enseñanza en la nueva redacción dada por la citada Ley 23/2006. Dicha excepción permite la inclusión (reproducción) en una obra propia de fragmentos de obras ajenas siempre que se trae de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, y se efectúe con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

 

Por tanto, la aplicación de esta excepción requiere de la concurrencia de tres requisitos básicos:

 

a.- Obra ajena divulgada.- La obra ajena de la que se toma parte de su contenido ha de ser, ineludiblemente, una obra ya divulgada.

 

b.- Fin docente y no comercial.- La reproducción de la obra ajena sólo ha de poseer fines educativos o de investigación científica. Relacionado con ello, la reproducción no ha de tener ánimo de lucro, entendiéndose como tal la obtención de un beneficio económico directo o indirecto.

 

c.- Indicación de la fuente y autor.- El beneficiario de la excepción debe incluir en su obra la fuente de la obra ajena empleada y el nombre de su autor, respetando con ello los ya citados derechos morales de paternidad.

 

d.- Constituir citas.- La Ley requiere que se trate de fragmentos de obras, de modo que el centro de gravedad de toda esta excepción ha de encontrarse en el hecho de que el valor del resultado haya de encontrarse en la nueva obra en sí, en lo que no son las citas, cuestión, por tanto, claramente valorativa y a examinar caso por caso.

 

Pues bien, si hasta hace pocos años la situación normal en la que se analizaba el derecho de reproducción de una obra era, básicamente, el escrito en soporte papel (analógico), el amplio e imparable desarrollo de la sociedad de la información ha conllevado que dicha reproducción pase a un entorno más digital en el que las posibilidades de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición o transformación se potencian hasta el infinito, lo cual requiere adaptar convenientemente los principios jurídicos tradicionales para adaptarlos a los nuevos tiempos.

 

Veamos el caso concreto de aquellas obras que se ponen a disposición de los internautas por medio de su publicación en websites.

 

Tomando como punto de referencia la noción y el contenido del derecho de propiedad intelectual ya comentado con anterioridad, podemos afirmar que no se encuentran alterados los mismos por el mero hecho de la existencia de internet, de modo que una obra publicada en un website siempre que sea original será susceptible de recibir la protección de nuestra normativa de propiedad intelectual.

 

Del mismo modo, el autor de dicha obra ostentará la titularidad de sus correspondientes derechos morales y patrimoniales, siendo el acto de “colgar” su obra en un sitio web un acto inequívoco de ejercicio de sus derechos.

 

En consecuencia, el hecho de subir a internet determinada obra no puede considerarse per se un acto de dejación de sus derechos de propiedad intelectual.

 

No obstante, ello no es óbice para que el titular de tales derechos pueda, en última instancia, disponer de ellos a favor de un tercero o incluso renunciar a los mismos, siempre que no se traten de derechos morales (irrenunciables, como hemos visto).

 

Finalmente, existen otro tipo de posibilidades de reproducción tales como las licencias Creative Commons, que pueden tener varias posibilidades:

 

1º.- De reconocimiento.- La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida por terceras personas si se muestra en los créditos.

 

2º.- No comercial.- El material original y los trabajos derivados pueden ser distribuidos, copiados y exhibidos mientras su uso no sea comercial.

 

3º.- Sin obra derivada.- El material puede ser distribuido, copiado y exhibido para crear un trabajo derivado del original.

 

4º.- Compartir igual.-  La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida pero bajo la misma licencia que el material original.

 

Por tanto, la relación entre dichas notas dan lugar a la posibilidad de existencia de 6 licencias Creative Commons: reconocimiento; reconocimiento -sin obra derivada; reconocimiento – sin obra derivada – no comercial; reconocimiento – no comercial; reconocimiento – no comercial – compartir igual; reconocimiento – compartir igual.

 

 

Como ser YouTuber y no morir en el intento

Youtube

Youtube

Las redes sociales padecen las modas. Hoy se lleva ésta y mañana estará de moda otra.

 

Lo cierto es que cada vez escribimos y leemos menos. Nos gusta la inmediatez, y claro, YouTube cumple todas esas premisas. Que queremos saber cómo se hacen unos huevos fritos, pues en lugar de leer grandes e ilustrativas recetas, mejor ponemos un tutorial en YouTube que, cuanto más breve, mejor.

 

Y así nacen los Youtubers, que a base de seguidores terminan haciéndose profesionales y ganan dinero subiendo videos.

 

Pero como todo en la vida, no están exentos de asumir la ley, por mucho que siga pareciendo a la fecha en la que estamos que Internet sea un mundo sin ley. Que no señores, que hay que cumplir la ley aquí y en Pekín.

 

Así, es primordial para aquellos youtubers españoles cumplir con la normativa de los servicios de la sociedad de la información, recogido en la Ley 34/2002, ya conocida por todos como LSSI.

 

De este modo, los youtubers deben identificarse a fin de que los usuarios puedan comunicarse con ellos. Si el youtuber cuenta con una web (lo que ocurrirá en los casos de youtubers profesionales), con la remisión a dicha web donde conste los datos, es más que suficiente.

 

Si no es así, deberá mostrar los datos en algún momento del video, a modo de título de crédito, que animo a meter algo de creatividad al estilo de las mejores películas de cine, que todo suma a la hora de conseguir followers.

 

Si el youtuber es ya un profesional y tiene web propia, además de lo anterior deberá tener una política de privacidad, adecuar su actividad a la normativa sobre protección de datos personales, y una política de cookies.

 

En Internet se debe tener respeto por el contenido de terceros. Tendemos a creer que todo lo que está en Internet es de libre acceso y puedo disponer de ello como me plazca. Flaco error amigo. Hay que obtener el permiso de sus autores para poder disponer del contenido, a no ser que expresamente digan lo contrario.

 

A algunos les gusta que les copie, a otros no tanto. Y a estos últimos los juzgados les da la razón, y no sin motivos.

 

Otras de las normas que se debe cumplir es la Ley General de Publicidad, es decir, que no sea engañosa, ilícita, etc. Es precisamente en la publicidad donde los youtubers sacan tajada a su trabajo, al recomendar marcas y productos y recibir por ello una contraprestación, ya sea en efectivo o en especie.

 

Y cuidado con desprestigiar a la competencia de la marca o producto que anunciamos, ya que las personas jurídicas también tienen honor, pues bien caro le habrá costado tener una buena reputación en el mercado para que un influencer venga a calumniarla. Y eso se cuantifica, y bien caro.

 

El youtuber, al estar realizando una actividad económica, debe darse de alta como autónomo en la Seguridad Social y, lógicamente, en Hacienda, donde como mínimo va a tener la obligación de llevanza de los libros contables y la declaración trimestral de, al menos, el IVA.

 

Y si te animas a ser un youtuber de éxito, aquí tienes un video explicativo de cómo hacerlo:

 

 

Fashion Law

Marca registrada

Marca registrada

 

La marca en el Derecho de la Moda o “Fashion-Law”.

 

El Fashion Law nace con la intención de quedarse.

 

Todos los sectores de actividad necesitan cada vez más especialistas que provean soluciones ante la complejidad legislativa…

…y las particularidades de cada sector.

 

Hoy traemos a colación el caso del diseñador Ángel Fernández, más conocido por su marca Ángel Schlesser.

 

Él mismo inventó la marca que ha dirigido durante más de 30 años.

 

En la edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid’16, el diseñador no acudió.

 

El motivo: desavenencias con su socio y la anterior venta del 75 por 100 de las participaciones de su empresa.

 

Resulta que su marca formaba parte del activo de su empresa, estando registrada a nombre de ésta.

 

Ahora su propio creador no puede usarla, si las consignas de la empresa son distintas a las queridas por él.

 

Y es que la Propiedad Industrial da derechos en exclusiva a su propietario, en este caso la empresa.

 

¿Qué es lo recomendable en estos casos?

 

Diseñador, registra tu marca a tu nombre, para de esta manera quede siempre dentro de su ámbito de dominio.

 

Cuando la empresa vaya creciendo, no hay inconveniente que la marca forme parte del activo de la misma, siempre que se realicen clausulas de salvaguarda.

 

Registrar una marca debe ser visto como una inversión y no como un gasto.

 

Si no se realiza, cualquiera te la puede quitar, y de nada sirve que puedas demostrar su autoría con su uso anterior.

 

Incidir que las marcas pueden ser denominativas (solo el nombre), gráfica (logotipo que debe contener rasgos distintivos que identifiquen el producto o servicio que se pretende proteger) y mixta (conjunción de las dos anteriores).

 

Para no incurrir en gastos innecesarios, es conveniente hacer una búsqueda de posibles marcas parecidas a la que se pretende registrar, lo que resulta fácil si es denominativa, complicándose respecto a marcas gráficas.

 

En el mundo de la moda es muy común acudir a anglicismos, por lo que es recomendable realizar también una búsqueda por semejanza fonética, que la propia OEPM se encarga, siempre previo pago.

 

El tiempo de protección que confiere la marca lo es por diez años. Llegada la fecha de expiración, la OEPM te avisa para que la puedas renovar con antelación.

 

Hasta entonces, el diseñador solo debe preocuparse de lo que mejor sabe, crear.

Diferencias entre el software libre y el software propietario

software libreEncontramos otros nombres para el software propietario, como software privativo o software de código cerrado. Este tipo de software limita las posibilidades del usuario a modificarlo e incluso en su uso. Sin embargo, el software libre, en contraposición al anterior, es aquel que se distribuye libremente. También es conocido como software de código abierto. En él, el usuario tiene plena libertad a la hora de usar el software, distribuirlo y/o modificarlo, con lo que se consigue un mayor desarrollo en las mejoras del primitivo.

 

Cuando hablamos de software libre hacemos referencia a las tres libertades que este posee, que son:

  • Libertad de uso.
  • Libertad de distribución.
  • Libertad de adaptación y mejora.

 

El software libre es afín a la idea de aldea global, donde la comunidad se beneficia mutuamente, creciendo sin restricciones. Pero el término libre no es sinónimo de gratuito, lo que ocurre es que, tal vez, asociemos ambos conceptos por la traducción literal del anglicismo “free”. Es decir, el software libre puede ser distribuido comercialmente.

 

Un principio básico en el software libre es nombrar la autoría, perspectiva que no debe ser perdida nunca, incluso aunque sea gratuito. El autor tiene la protección que el ordenamiento le brinda para con su obra. Sin embargo, éste puede disponer de la misma y realizar, por ejemplo, una compraventa, por la que transmite la propiedad a cambio de una contraprestación dineraria. En este caso, el comprador puede usar el software sin ningún tipo de restricciones.

 

Lo más común es realizar el contrato de licencia de software, por la que se realiza una cesión de uso del mismo. Dicha cesión, como establece el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario, agotando la primera venta de una copia del programa el derecho de distribución de la misma.

 

Cómo quitar un contenido de Internet

InternetInternet se ha convertido en una ingente base de información, que en muchos casos desinforma. Pero sobre todo se ha convertido en un ágora donde la crítica resulta fácil, acompañada en muchas de las ocasiones por un desprestigio barato, injurioso y calumnioso en la mayoría de los casos, y donde compartir información, de lo más variopinta, es algo habitual, si bien no siempre lícito.

 

Una de las mayores infracciones que se comete en Internet es la vulneración de derechos de propiedad intelectual, motivo por el cual nació la famosa –siniestra- Sección Segunda y todas las modificaciones legales que al respecto se han producido, a fin de poner coto por vías menos ortodoxas que las judiciales.

 

También nos encontramos con blogs de autores “anónimos” que hacen crítica negativa a diestro y siniestro. Y claro, el problema está cuando te afecta. ¿Qué haces? Si te diriges a Google para ejercer el tan conocido “Derecho al olvido”, esta empresa te dirá, con total seguridad, que prima el derecho a la información y la libertad de expresión establecido en el artículo 20 de nuestra Constitución. Oiga! Pero es que la información no es veraz! –Me da igual. Y es que el derecho al olvido existe en el papel, pero no en la práctica.

 

Ante tal situación, recurrimos a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), que en su artículo 8 (Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario) estable la posibilidad de establecer restricciones frente a websites que atente contra el orden público, la dignidad de la persona, la protección de la juventud y de la infancia, la propiedad intelectual, entre otros principios. Debemos acudir a los juzgados en defensa de nuestros intereses, pues solo ellos –con excepción hecha de los condicionantes de la mencionada Sección Segunda– son los competentes para retirar un contenido de Internet. En nuestra denuncia debemos solicitar las medidas que se deben adoptar, de bloqueo total o retirada del contenido. Un consejo muy práctico es levantar un acta notarial del contenido ilícito que vayamos a denunciar, por aquello de que desaparezca en el transcurso de interposición de la denuncia y las medidas previas a adoptar.

 

En los blogs “anónimos” hay que solicitar que se requiera al proveedor del servicio a fin de que identifique al presunto responsable, siendo también fundamental la identificación de la IP infractora.

 

Y si no queremos acudir a los tribunales, siempre nos queda la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que velará por que nuestros derechos de cancelación y oposición se cumplan.

 

 

 

¿Es delito enlazar?

AvezaliaEl artículo 270 del Código Penal castiga a quien, “con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

 

Veamos los distintos elementos del tipo, pero antes pongámonos en el supuesto práctico: página web donde se pueden visualizar de manera gratuita contenido de tercero protegido por derechos de autor. El contenido estaba ordenado por género y por países, lo que facilitaba el acceso a los usuarios. No se pedía registro para entrar en la web, y el contenido podía ser visto en línea streaming- sin tener que descargarlo. La web alojaba temporalmente el contenido, permitiendo el acceso directo a los archivos a cualquier usuario de Internet.

 

¿Qué se entiende por comunicación pública? Aunque la Ley de Propiedad Intelectual lo define en su artículo 20, el Tribunal de Justicia Europea se ha pronunciado respecto a dicho concepto, en Sentencia de 13 de febrero de 2014, y en la que, básicamente, viene a decir que no es necesaria autorización cuando el contenido es abierto. Si el contenido es abierto, no se produce comunicación pública. Y será abierto cuando no haya que pagar por el mismo, aunque sea estando suscrito en la web que lo ofrece.

 

Es cierto que el hecho de facilitar enlaces, que conducen al contenido de tercero, se considera acto de comunicación, pues está poniendo a disposición del usuario ese contenido, pero como decimos, siempre que ese contenido no sea abierto. Pues siendo así, el que primero dispone libremente es el propio autor, y el usuario de la web que enlaza bien pudo ser usuario anteriormente del autor del contenido.

 

También es cierto que el artículo 17.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) excluye la responsabilidad de aquellos “prestadores de servicios que faciliten enlaces a otros contenidos o los incluyan en los suyos siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización”. Pero el supuesto práctico que estamos analizando va más allá de la mera intermediación técnica o neutra, que establece el artículo 13.2 de la LSSICE, ya que introduce elementos de contenido propios. Estamos ante un delito contra la propiedad intelectual.

 

En cuanto al ánimo de lucro, es patente en el supuesto que analizamos, ya que la web en cuestión incluía publicidad tipo banners, videos pre-rol publicitarios, pop-ups o ventana emergentes. El ánimo de lucro, en el sentido de lucro comercial, es fácilmente probado por el beneficio económico que se obtiene a mayor número de visitas.

 

Por último, decir que el artículo 271 del Código Penal, en el apartado a), contempla un supuesto agravado de la pena de los delitos relativos a la propiedad intelectual. En concreto para el caso de que “el beneficio obtenido posea especial transcendencia económica”. Pero, ¿qué debemos entender por especial transcendencia económica? ¿De cuánto dinero hablamos? En mi opinión, deberíamos acudir a lo dispuesto para las estafas en el artículo 250.1.5º, que establece una mayor penalidad cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros.

Alcance del derecho de prohibición de titular de marca registrada frente a otra que no ha sido atacada por nulidad

Se ha producido un cambio de doctrina en cuestiones de marca, a raíz de la Sentencia nº520/2014 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 14 de octubre de 2014.

 

El supuesto de hecho es el siguiente: dos litigantes con igual marca, ambas registradas, siendo una anterior a la otra. Comencemos.

Marcas

La marca es el conjunto de signos distintivo de un producto o servicio en el mercado. Como de todos es sabido, la función esencial de la marca es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto, a la vez que protege a su titular de las interferencias de terceros. En tema de marcas rige el principio de prioridad, esto es, la marca anterior prevalece sobre la posterior, por lo que, en caso de conflicto, se presume que la registrada en primer lugar tiene toda la protección que el ordenamiento le ofrece.

 

En nuestro ordenamiento, hasta la referida sentencia del TS, el titular de una marca anterior registrada, debía ejercitar primero la acción de nulidad del registro de la marca posterior. A partir de ahora, el titular de una marca anterior puede prohibir a un tercero el uso de su marca igualmente registrada, sin necesidad de una declaración de nulidad previa, ejercitando para ello la acción de violación de su marca.

 

Con la doctrina anterior el titular posterior estaba facultado para usar su marca hasta tanto en cuanto no se declarase la nulidad de su registro, sin que ese uso supusiera ninguna violación de la marca anterior, y por ende, si que cupiese indemnización alguna por ello, en base al viejo aforismo latino de que quien ejerce su derecho no daña a nadie (“Neminem laedit qui suo iure utitur”).

 

Y esto es así por compatibilidad con lo dispuesto en la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, y anteriormente con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

 

La cuestión es que, cuando se ejercita la acción de violación de la marca, lleva aparejada la indemnización de daños y perjuicios. Si dicha acción se ejercita directamente sin la previa declaración de nulidad, entendemos que no se produce el presupuesto para solicitar la indemnización de los daños y perjuicios, ya que la premisa fundamental para que se dé es no tener el consentimiento del titular de la marca, si bien estamos ante dos marcas válidamente registradas, siendo de aplicación el aforismo antes citado.

 

Por último, hacer hincapié tanto en la denominada “caducidad por tolerancia”, como en su álter ego, prescripción de la acción. Ésta última, conforme establece el artículo 45 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, es de cinco años “contados desde el día en que pudieron ejercitarse”. La caducidad por tolerancia es la otra cara de la misma moneda, que se produce cuando el titular de la marca no la ha usado en el tráfico mercantil durante el plazo indicado, o lo ha hecho con finalidad distinta de la que viola su derecho de marca, consolidando con ello el derecho de la marca posterior.