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Uso de materiales originales ajenos en trabajos propios

Copyright

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¿Qué ocurre cuando se usa trabajos intelectuales propios de materiales originales pertenecientes a terceras personas y susceptibles de ser protegidos como obras por la normativa de propiedad intelectual?

 

Actualmente, entendemos por propiedad intelectual aquella modalidad especial de propiedad que recae sobre las creaciones originales fruto de la inteligencia, del esfuerzo intelectual humano.

 

Por tanto, varias son las notas que podemos extraer de esta definición lato sensu de propiedad intelectual:

 

En primer lugar, que, como de su propia denominación se desprende, la propiedad intelectual es una forma de propiedad. De ahí que el titular de la misma pueda ser perfectamente considerado como propietario, a pesar de que el término usualmente empleado en nuestra sociedad sea el de autor, figura que no encaja más que con una de las modalidades existentes en esta materia.

 

En segundo lugar, el concepto de propiedad intelectual se caracteriza esencialmente por el objeto concreto sobre el que recae, esto es, sobre una obra inmaterial, entendiendo por tal toda creación original intelectual.

 

Por tanto, varios son los requisitos que han de concurrir en una obra para poder ser objeto de propiedad intelectual: ha de ser una creación de un ser humano, ha de ser original y ha de ser una creación intelectual. Reuniendo una obra tales notas, da igual que la misma sea literaria, artística, científica o técnica.

 

Cuando hablamos de que sobre una determinada obra existe o concurre un derecho de propiedad intelectual, realmente estamos haciendo referencia a una pluralidad de derechos o facultades de muy diversos contenido y carácter. A saber:

 

De un lado, y a diferencia de lo que sucede con el derecho de propiedad ordinario que, por ejemplo, recae sobre cualquier finca o inmueble, el derecho de propiedad intelectual supone la atribución a su titular de un haz de facultades englobados en el concepto de derecho moral, esto es, aquellos atribuidos al autor de la obra en cuestión por ese mero hecho y que, por ello mismo, son absolutamente indisponibles, irrenunciables e indisponibles.

 

En concreto, corresponden al autor los siguientes derechos de carácter moral:

 

1º.- Derecho de divulgación.- Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma y determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.

2º.- Derecho a la paternidad.- Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.

3º.- Derecho a la integridad.- Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.

4º.- Derecho de modificación.- Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.

5º.- Derecho de retirada o arrepentimiento.- Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.

6º.- Derecho de acceso.- Al ejemplar raro o único de la obra.

 

De otro lado, y junto a los anteriores, se encuentran los derechos de contenido patrimonial o económico, es decir, los derechos de explotación, que son aquellos que tienen por objeto explotar una obra, sacarle un rendimiento económico.

 

Este tipo de derechos, a diferencia de los anteriores puede ser objeto de disposición por parte de su titular, de ahí que no siempre el autor de una obra sea el titular de los derechos económicos sobre la misma.

 

En concreto, son derechos patrimoniales de propiedad intelectual los siguientes:

 

1º.- Derecho de reproducción.- Fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda o parte de una obra, que permita su comunicación o la obtención de copias.

2º.- Derecho de distribución.- Puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

3º.- Derecho de comunicación pública.- Todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin una previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

4º.- Derecho de transformación.- Comprende la traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que derive una obra diferente.

 

Hay que dejar sentado un principio básico y general: el sujeto titular del derecho de reproducción de una obra podrá acceder o negar a cualquier otra persona la posibilidad de que reproducir una obra, ya sea en parte ya sea en su totalidad.

 

Por tanto, cualquier acto de reproducción de una obra deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de reproducción. Sin dicha autorización la reproducción será ilícita y podrá dar lugar a que su titular exija el cese de la reproducción, además de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

 

No obstante, dicho principio general cuenta en nuestro ordenamiento jurídico con importantes excepciones o límites. Dichas excepciones pueden ser de muy diverso tipo:

 

1º.- Citas y reseñas.

2º.- Informaciones y trabajos sobre temas de actualidad.

3º.- Obras situadas en vías públicas.

4º.- Reproducción en determinadas instituciones.

5º.- Parodias.

 

Dentro de dichas excepciones nos detendremos en la referida a las citas e ilustración de la enseñanza en la nueva redacción dada por la citada Ley 23/2006. Dicha excepción permite la inclusión (reproducción) en una obra propia de fragmentos de obras ajenas siempre que se trae de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, y se efectúe con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

 

Por tanto, la aplicación de esta excepción requiere de la concurrencia de tres requisitos básicos:

 

a.- Obra ajena divulgada.- La obra ajena de la que se toma parte de su contenido ha de ser, ineludiblemente, una obra ya divulgada.

 

b.- Fin docente y no comercial.- La reproducción de la obra ajena sólo ha de poseer fines educativos o de investigación científica. Relacionado con ello, la reproducción no ha de tener ánimo de lucro, entendiéndose como tal la obtención de un beneficio económico directo o indirecto.

 

c.- Indicación de la fuente y autor.- El beneficiario de la excepción debe incluir en su obra la fuente de la obra ajena empleada y el nombre de su autor, respetando con ello los ya citados derechos morales de paternidad.

 

d.- Constituir citas.- La Ley requiere que se trate de fragmentos de obras, de modo que el centro de gravedad de toda esta excepción ha de encontrarse en el hecho de que el valor del resultado haya de encontrarse en la nueva obra en sí, en lo que no son las citas, cuestión, por tanto, claramente valorativa y a examinar caso por caso.

 

Pues bien, si hasta hace pocos años la situación normal en la que se analizaba el derecho de reproducción de una obra era, básicamente, el escrito en soporte papel (analógico), el amplio e imparable desarrollo de la sociedad de la información ha conllevado que dicha reproducción pase a un entorno más digital en el que las posibilidades de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición o transformación se potencian hasta el infinito, lo cual requiere adaptar convenientemente los principios jurídicos tradicionales para adaptarlos a los nuevos tiempos.

 

Veamos el caso concreto de aquellas obras que se ponen a disposición de los internautas por medio de su publicación en websites.

 

Tomando como punto de referencia la noción y el contenido del derecho de propiedad intelectual ya comentado con anterioridad, podemos afirmar que no se encuentran alterados los mismos por el mero hecho de la existencia de internet, de modo que una obra publicada en un website siempre que sea original será susceptible de recibir la protección de nuestra normativa de propiedad intelectual.

 

Del mismo modo, el autor de dicha obra ostentará la titularidad de sus correspondientes derechos morales y patrimoniales, siendo el acto de “colgar” su obra en un sitio web un acto inequívoco de ejercicio de sus derechos.

 

En consecuencia, el hecho de subir a internet determinada obra no puede considerarse per se un acto de dejación de sus derechos de propiedad intelectual.

 

No obstante, ello no es óbice para que el titular de tales derechos pueda, en última instancia, disponer de ellos a favor de un tercero o incluso renunciar a los mismos, siempre que no se traten de derechos morales (irrenunciables, como hemos visto).

 

Finalmente, existen otro tipo de posibilidades de reproducción tales como las licencias Creative Commons, que pueden tener varias posibilidades:

 

1º.- De reconocimiento.- La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida por terceras personas si se muestra en los créditos.

 

2º.- No comercial.- El material original y los trabajos derivados pueden ser distribuidos, copiados y exhibidos mientras su uso no sea comercial.

 

3º.- Sin obra derivada.- El material puede ser distribuido, copiado y exhibido para crear un trabajo derivado del original.

 

4º.- Compartir igual.-  La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida pero bajo la misma licencia que el material original.

 

Por tanto, la relación entre dichas notas dan lugar a la posibilidad de existencia de 6 licencias Creative Commons: reconocimiento; reconocimiento -sin obra derivada; reconocimiento – sin obra derivada – no comercial; reconocimiento – no comercial; reconocimiento – no comercial – compartir igual; reconocimiento – compartir igual.

 

 

Tengo un comercio electrónico. ¿Cómo me afecta el nuevo reglamento sobre geobloqueo?

Con el nuevo Reglamento (UE) 2018/302 en la mano, de aplicación a partir del 3 de diciembre de 2018, se impedirá el bloqueo geográfico de usuarios que compran a través de Internet. Es decir, se acabó con las discriminaciones injustificadas en las ventas online.

 

Por tanto, los eCommerce habrán de modificar las condiciones generales para adaptarlo al geoblocking.

 

Así, los usuarios tendrán libre acceso al contenido del eCommerce, sean de donde sean, salvo las disposiciones legales respecto a los menores, a quienes sí se les puede bloquear el acceso.

 

Con independencia de donde radique el usuario, éste podrá adquirir el producto en las mismas condiciones que el resto de los usuarios. Lo mismo es extensible a la forma de pago, mismas condiciones para todos, sin distinción de nacionalidad, residencia, etc.

 

Bien es cierto que el eCommerce no está obligado a entregar el producto a cualquier persona en cualquier lugar, pero sí que tiene la obligación de tener las mismas condiciones de envío para todo el mundo. Así, puedo no enviar a un país determinado, pero el usuario de dicho país puede establecer una dirección de envío a otro país donde sí envíe. La dirección a efectos de facturación será la del país de origen.

 

Y por último, el comerciante podrá ejercer el derecho de retención del producto, hasta que tenga confirmación del pago de la operación.

 

Llega la Navidad, así que toca adaptarse.

 

Como ser YouTuber y no morir en el intento

Youtube

Youtube

Las redes sociales padecen las modas. Hoy se lleva ésta y mañana estará de moda otra.

 

Lo cierto es que cada vez escribimos y leemos menos. Nos gusta la inmediatez, y claro, YouTube cumple todas esas premisas. Que queremos saber cómo se hacen unos huevos fritos, pues en lugar de leer grandes e ilustrativas recetas, mejor ponemos un tutorial en YouTube que, cuanto más breve, mejor.

 

Y así nacen los Youtubers, que a base de seguidores terminan haciéndose profesionales y ganan dinero subiendo videos.

 

Pero como todo en la vida, no están exentos de asumir la ley, por mucho que siga pareciendo a la fecha en la que estamos que Internet sea un mundo sin ley. Que no señores, que hay que cumplir la ley aquí y en Pekín.

 

Así, es primordial para aquellos youtubers españoles cumplir con la normativa de los servicios de la sociedad de la información, recogido en la Ley 34/2002, ya conocida por todos como LSSI.

 

De este modo, los youtubers deben identificarse a fin de que los usuarios puedan comunicarse con ellos. Si el youtuber cuenta con una web (lo que ocurrirá en los casos de youtubers profesionales), con la remisión a dicha web donde conste los datos, es más que suficiente.

 

Si no es así, deberá mostrar los datos en algún momento del video, a modo de título de crédito, que animo a meter algo de creatividad al estilo de las mejores películas de cine, que todo suma a la hora de conseguir followers.

 

Si el youtuber es ya un profesional y tiene web propia, además de lo anterior deberá tener una política de privacidad, adecuar su actividad a la normativa sobre protección de datos personales, y una política de cookies.

 

En Internet se debe tener respeto por el contenido de terceros. Tendemos a creer que todo lo que está en Internet es de libre acceso y puedo disponer de ello como me plazca. Flaco error amigo. Hay que obtener el permiso de sus autores para poder disponer del contenido, a no ser que expresamente digan lo contrario.

 

A algunos les gusta que les copie, a otros no tanto. Y a estos últimos los juzgados les da la razón, y no sin motivos.

 

Otras de las normas que se debe cumplir es la Ley General de Publicidad, es decir, que no sea engañosa, ilícita, etc. Es precisamente en la publicidad donde los youtubers sacan tajada a su trabajo, al recomendar marcas y productos y recibir por ello una contraprestación, ya sea en efectivo o en especie.

 

Y cuidado con desprestigiar a la competencia de la marca o producto que anunciamos, ya que las personas jurídicas también tienen honor, pues bien caro le habrá costado tener una buena reputación en el mercado para que un influencer venga a calumniarla. Y eso se cuantifica, y bien caro.

 

El youtuber, al estar realizando una actividad económica, debe darse de alta como autónomo en la Seguridad Social y, lógicamente, en Hacienda, donde como mínimo va a tener la obligación de llevanza de los libros contables y la declaración trimestral de, al menos, el IVA.

 

Y si te animas a ser un youtuber de éxito, aquí tienes un video explicativo de cómo hacerlo:

 

 

El peligro de usar WhatsApp con los clientes

whatsappHace un año escribía sobre Whatsapp como prueba en juicio, dado su fácil uso para injuriar, calumniar, y un sinfín de problemáticas jurídicas, que hace cada vez más frecuente su aportación en el proceso judicial.

 

Ya comenté entonces que, al igual que el correo electrónico, no es suficiente con la aportación de las conversaciones impresas o mero pantallazo, que también, si tienes la suerte de que no te lo impugnen. Pero lo aconsejable es que garantizar la cadena de custodia, así como su integridad y no modificación, labor propia de perito informático. Y como recordatorio, debemos tener en cuenta que la impugnación afectará en costas a quien la realiza, amén de que debe ser motivada para desplazar la carga de la prueba.

 

Este medio de  mensajería instantánea está sumamente extendido, y lo que empezó como una forma de comunicarse con la familia y amigos, está hoy por hoy muy integrado en el mundo laboral y profesional, si bien en las condiciones legales de uso WhatsApp prohíbe su utilización comercial, limitándolo solo a uso personal, declinando toda responsabilidad. Claro que… ¿Quién lee las condiciones legales? Por mucho que la Agencia Española de Protección de Datos lo recomiende, nadie lo hace.

 

Son muchos los compañeros abogados que lo usan para sus relaciones con los clientes, cuando evidentemente no es el mejor de los medios para hacerlo, no ya por la molestia de la disponibilidad 24h, entre otras, sino porque entiendo infringe la normativa sobre protección de datos, por los motivos que vamos a ver.

 

En las referidas condiciones de uso, WhatsApp te deja muy claro que consientes en que trate no solo tu número de teléfono, sino toda tu agenda. Claro que diréis que hace ya años la Audiencia Nacional dijo que el número de teléfono no es dato personal (y sin embargo la IP si, sigo sin entenderlo). Pero WhatsApp dice “y los demás contactos que tienes en la libreta de direcciones. Y claro, en la libreta, al menos yo, identifico al contacto, con nombre y a veces apellidos. A su vez, WhatsApp accederá a los datos de nuestros contactos cuando estos se den de alta a su vez en la aplicación, accediendo a su información personal, por lo que ya lo tenemos identificado.

 

Si a todo esto le sumas que esos datos viajan a Estados Unidos, donde tiene su sede WhatsApp, el desaguisado es tremendo, amén de que ninguno de nosotros tenemos firmado un contrato de encargado del tratamiento con la aplicación, pues van a pasar de nosotros, ni en su defecto solicitamos autorización al Director de la AEPD para la transferencia internacional de datos, que veo difícil nos dé. Y como todos sabemos, Estados Unidos eso de cumplir con la protección de datos, pues como que es algo muy de los europeos y sus trabas para el comercio.

 

Y aunque WhatsApp ha introducido como mejora de seguridad el cifrado de extremo a extremo, lo cierto es que la seguridad 100% es imposible. Además, los smartphones tienen por costumbre guardar los archivos que llegan por las distintas aplicaciones, muchos de ellos, sobre todo las imágenes, que si tenemos cuenda en Google u otro proveedor, se sincronizará con las aplicaciones de dicha compañía subiendo los archivos a la nube, infringiendo con ello nuevamente la normativa sobre protección de datos por cuanto las medidas de seguridad y el propio cumplimiento por parte del prestador de servicios de cloud son más que dudosos.

 

Lo aplicable para abogados lo es para cualquier profesional, sea de la rama que sea.

 

Whatsapp como prueba en juicio

La mensajería instantánea, y a la cabeza de la misma la app Whatsapp, se ha convertido en nuevas vías de relaciones sociales y, claro está, fuente de nuevos problemas. Y es que muchos usan este tipo de aplicaciones para insultar, amenazar y otros delitos del montón. En fin, lo de costumbre.

 

La cuestión es la validez de dichas conversaciones en juicio. La problemática surge porque, en el caso de Whatsapp, reina de la mensajería instantánea, la manipulación de los mensajes, archivos, etc, es piece of cake. Esta fácil manipulación hace que nos planteemos la validez y eficacia en juicio. Y es que el administrador de la app no conserva el contenido de las conversaciones (sólo algunos datos relacionados con las comunicaciones), quedando esta en los terminales de los usuarios.

 

Si queremos aportar las conversaciones de Whatsapp como prueba en juicio, realmente es muy fácil. Sólo tenemos que entrar en el perfil del Whatsapp que queremos imprimir. Le damos a opciones y nos sale un desplegable. Picamos en la opción “Más” y luego “Enviar chat por correo”. Ponemos la dirección de email a la que queremos enviar el archivo de texto y listo. Recibimos dicho archivo de texto donde sale todas las conversaciones mantenidas, con fecha y horas de la misma, incluso la referencia de los ficheros de fotos, videos y conversaciones que se hayan remitido. Lógicamente sale todo el historial, desde el inicio, por lo que debemos purgar el contenido e ir al que directamente nos afecta.

 

Esta prueba como tal tiene validez, siempre que no sea impugnada, como es lógico, si bien debemos tener en cuenta que la impugnación afectará en costas a quien la realiza, amén de que debe ser motivada para desplazar la carga de la prueba. Por tanto, una vez impugnada debemos irrefutablemente acudir a la prueba pericial, teniendo la carga probatoria quien pretende valerse de dicha prueba. El perito debe ser muy cualificado, debiendo garantizar la autenticidad y la integridad de la prueba, es decir, que los datos sean ciertos y reales, y que no se hayan alterado.  

 

Como hemos dicho, la información de los mensajes solo es guardado en los terminales de los usuarios, por lo que si estos lo borran tendremos que acudir a la memoria flash, con el inconveniente que aquí se mantienen hasta que el dispositivo necesita más espacio, momento en el que es borrado “definitivamente”, entre comillas. Si bien, recientemente los usuarios de Whatsapp que quieran mantener sus conversaciones y archivos a salvo, y tenerlo disponibles por si cambian de terminal u otra circunstancia, es cierto que Google Drive te permite tener copia en la nube, por lo que podemos acudir a este “tercero de buena fe” que hará las veces de testigo.

 

El administrador de la app hace posible el tránsito de información, pero no guarda las conversaciones, solo los metadatos (datos que describen otros datos, reflejan el tráfico de las comunicaciones, origen y destino de las mismas, identidades e IP, entre otros). Pues bien, dicha información será relevante a efectos de la pericial, ya que si las conversaciones son manipuladas, esta no coincidirá con los metadatos y, por tanto, no quedará garantizada la autenticidad e integridad de la prueba.

 

Los operadores tienen obligación de conservar los datos relativos a las comunicaciones electrónicas como así establece la Ley 25/2007, de 18 de octubre, si bien los juzgados acceden a la investigación por esta vía sólo en caso de delitos graves, cuando deberían tener en cuenta que cada vez más se dan casos de delitos por estas vías, sobre todo de injurias y calumnias, y si damos impunidad a ello, nos podemos encontrar con un serio problema social, en el que sería libre delinquir in consecuencia alguna, por el simple hecho de usar un medio electrónico.

 

 

Lexionario: Adwords

Es uno de los sistemas de publicidad de Google mediante anuncios publicitarios de texto o gráficos. Los anunciantes compran palabras claves (Keywords) de tal modo que la publicidad aparezca cuando el usuario busca por esa palabra clave. El anunciante paga por cada click que se haga por los usuarios en su anuncio.

Cómo quitar un contenido de Internet

InternetInternet se ha convertido en una ingente base de información, que en muchos casos desinforma. Pero sobre todo se ha convertido en un ágora donde la crítica resulta fácil, acompañada en muchas de las ocasiones por un desprestigio barato, injurioso y calumnioso en la mayoría de los casos, y donde compartir información, de lo más variopinta, es algo habitual, si bien no siempre lícito.

 

Una de las mayores infracciones que se comete en Internet es la vulneración de derechos de propiedad intelectual, motivo por el cual nació la famosa –siniestra- Sección Segunda y todas las modificaciones legales que al respecto se han producido, a fin de poner coto por vías menos ortodoxas que las judiciales.

 

También nos encontramos con blogs de autores “anónimos” que hacen crítica negativa a diestro y siniestro. Y claro, el problema está cuando te afecta. ¿Qué haces? Si te diriges a Google para ejercer el tan conocido “Derecho al olvido”, esta empresa te dirá, con total seguridad, que prima el derecho a la información y la libertad de expresión establecido en el artículo 20 de nuestra Constitución. Oiga! Pero es que la información no es veraz! –Me da igual. Y es que el derecho al olvido existe en el papel, pero no en la práctica.

 

Ante tal situación, recurrimos a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), que en su artículo 8 (Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario) estable la posibilidad de establecer restricciones frente a websites que atente contra el orden público, la dignidad de la persona, la protección de la juventud y de la infancia, la propiedad intelectual, entre otros principios. Debemos acudir a los juzgados en defensa de nuestros intereses, pues solo ellos –con excepción hecha de los condicionantes de la mencionada Sección Segunda– son los competentes para retirar un contenido de Internet. En nuestra denuncia debemos solicitar las medidas que se deben adoptar, de bloqueo total o retirada del contenido. Un consejo muy práctico es levantar un acta notarial del contenido ilícito que vayamos a denunciar, por aquello de que desaparezca en el transcurso de interposición de la denuncia y las medidas previas a adoptar.

 

En los blogs “anónimos” hay que solicitar que se requiera al proveedor del servicio a fin de que identifique al presunto responsable, siendo también fundamental la identificación de la IP infractora.

 

Y si no queremos acudir a los tribunales, siempre nos queda la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que velará por que nuestros derechos de cancelación y oposición se cumplan.

 

 

 

¿Está protegida esta imagen?

Copyright

La primera vez que escribí en QAH me vi con un problema que no sabía cómo resolver: el uso de imágenes para el post. Y es que no solo con citar el lugar de recogida de la imagen nos libra del ilícito en materia de propiedad intelectual que comentemos, ya que los autores correspondientes pueden exigirte responsabilidad al efecto.

 

Con el tiempo nos informaron que había bancos de imágenes gratuitos, pero esto no era del todo correcto, ya que algunos de estos bancos de imágenes exigen que se pongan la autoría de la foto y la procedencia de la misma.

 

Pero una vez más Google, cual lancero medieval, viene a socorrernos y ponernos la vida más fácil. Todos conocemos ya la herramienta Images de Google, y seguro que muchos conocerán ya una de sus funcionalidades, que es la de “Etiquetas para reutilización”. Aquí podemos elegir entre un abanico amplio de posibilidades para usar las imágenes que busquemos sin ninguna merma para nuestros intereses, económicos.

 

Por otro lado, está la macro empresa de imágenes, Getty images, que hasta hace poco parecía que tenía todas las del mercado. Pionera en un sistema de marca de agua invisible, no había quien se escapara de sus garras, y siempre solían solicitar la misma indemnización, que a la postre resultaba infructuosa como para entablar un costoso procedimiento judicial. Y claro, solían quedar en nada.

 

Otros bancos de imágenes que se denominan free, no lo son tanto, ya que dan a cambio de tus datos personales, ese oro del siglo XXI cuyo valor crece cada día exponencialmente.

 

Como siempre decimos desde Avezalia, hay que leerse los tediosos términos y condiciones, ya que aceptamos las reglas del juego sin saber las mismas, y después… zasca!! En todo el cuello. Y en todos los casos se llora, no sé si por el dolor del golpe, por el sentirte tonto por no haber sido previsor, o por el coste no solo de la indemnización sino también de los gastos del juicio en sí, o tal vez por todo junto a la vez.

Implicaciones legales del coche autónomo

Coche autonomo IICuando éramos niños soñábamos con coches que podían volar, haciendo realidad nuestra imaginación películas como “Regreso al futuro”. Pero lo que no habíamos imaginado era que los coches del futuro pudieran ser autónomos, y poder ir en ellos sin necesidad de conducirlos. Hoy no vuelan, pero contra todo pronóstico existe el coche que no necesita que lo conduzcan, él nos lleva. El que vuelen será cuestión de tiempo.

 

Hay compañías que han apostado fuerte por los coches sin conductor, como Google, sabedoras de que supondrán un gran mercado en pocos años. Y todo empezó con aquellos coches que te ayudaban a la hora de aparcar, con sistema de aparcamiento automático.

 

Pero, ¿son seguros los coches sin conductor? En teoría, y si la técnica no falla, deben serlo, ya que se elimina uno de los factores causantes de los accidentes, que es la intervención humana: velocidad excesiva, distracción al volante, etc. Realmente, la seguridad sería total si todo el parque automovilístico fuera autónomo, dado que en otro caso seguirá expuesto al capricho del mencionado factor humano que le rodea.

 

El coche autónomo tiene ventajas como aprovechar el tiempo mientras nos lleva. Este aprovechamiento de tiempo se traducirá en trabajo. Es como si las logias que mueven los hilos lo hicieran más que para facilitarnos la vida, para que estemos ocupados con nuestro trabajo. Pero lo cierto es que habrá determinados colectivos de personas que se verán favorecidos por esta nueva industria, como puedan ser personas impedidas, o aquellos para los que conducir es un sopor. Aunque en el debate quedará si, frente a la nave, debe ir un piloto cualificado que se haga cargo de la misma en caso de emergencia técnica. Y eso suponiendo que exista la posibilidad de automatizar la conducción cuando queramos, y no que la misma tenga un único modo, el automático.

 

Pero esas situaciones de emergencias pueden dar pie a ciertos conflictos. No debemos olvidar que el coche automático es un robot, programado para una función concreta, la de conducir escrupulosamente sin merma de los tripulantes. Pero dicho robot también interactúa con otros usuarios de la calzada o incluso con otros robots. Y claro, en este punto, ¿qué prima más, la vida del tripulante o la del tercero que cruza inesperadamente por la calle? Porque dicho robot está programado para proteger a ambas.

 

Sea como fuere, lo cierto (el tiempo lo dirá) es que el coche autónomo no evitará los accidentes de tráfico, que se verán eso sí reducidos, pero no desaparecerán de nuestras vidas. Y en ese punto habrá más debates para los abogados, ya que, llegado el caso, el responsable del accidente lo será el robot, creado por el fabricante, que para el supuesto de mal funcionamiento del sistema, será responsable si o si del mismo, complicándose el asunto en cuestión, e interviniendo en las reclamaciones terceros que hasta hoy se habían quedado fuera de las mismas. Habría que ver también que postura toman los seguros al respecto, pues por un lado la probabilidad de accidentes es menor, pero por otro lado dirán que es una máquina y que también están sujetas a error, o que están expuestas a ciertas condiciones adversas, difícil de superar más allá de la pericia humana.

 

Como suele ocurrir, la realidad va por delante de la ley, y hasta la fecha no hay nada regulado acerca de los coches autónomos (al menos en Europa), si necesitan ir acompañado con un conductor para circular o, simplemente, pueden o no circular.