Amigo del WIFI ajeno

Wifi II

En Internet podemos encontrar múltiples programas para poder acceder al wifi del vecino, hackeando su clave. Incluso encontramos apps específicas para “robar” wifis, como “Wifi Contraseña Hacker”, donde con total impunidad muchos de sus usuarios se jactan de cómo roban wifi a cada sitio donde van, y no le dan seis estrellas porque lo máximo son cinco.

 

Propiamente dicho, no se trata de hackear, pues el hacker por definición hace daño. Aquí estamos antes un acceso a la red wifi de un tercero, propietario de la misma, que no ha dado el consentimiento. Ese acceso, utilizando un medio informático para ello, desde Avezalia opinamos que es similar al empleo de fuerza en las cosas, si bien no tiene mayor virtualidad en cuanto a la pena, por desgracia.

 

Estos hechos efectivamente están penados, aunque algunos no quieran verlo así. En concreto, el artículo 255 del Código Penal establece que “será castigado con la pena de multa de tres a 12 meses el que cometiere defraudación por valor superior a 400 euros, utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:

1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.”

 

Hasta aquí está claro el delito. El problema es cuestión de prueba, pues para empezar la defraudación, para considerase delito, debe superar los 400 euros. Y claro, ¿cómo probamos que el que estuvo enganchado a nuestra red wifi hizo tal desfalco? Además, hoy en día todos tenemos tarifa plana de datos, por lo que vamos a pagar igual a final de mes, esté solo nuestro ordenador conectado como si tenemos enganchado a toda la comunidad de vecino. El perjuicio real que se nos ocasionaría sería la merma de velocidad a la hora de navegar, pero de eso nada dice la norma.

 

En este caso, cuando no podamos probar que lo defraudado supera los 400 euros, estaremos ante una falta.

 

Pero con la reforma del Código Penal, y la desaparición de las faltas, nos encontramos ante un panorama distinto, ya que se mantiene la misma pena, si bien en el caso de que la cuantía defraudada no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

 

Por tanto, con dicha reforma, ser amigo del wifi ajeno es delito si o si, convirtiéndose en delincuente, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva. Y aunque la pena en cuestión pueda resultar irrisoria, con las tarifas planas actuales más merece la pena contratar una, a sentarse en el banquillo.

 

Email como prueba

Arroba

La primera vez que usamos un email como prueba, Internet aun era un bebe con pañales, y ni existía Facebook ni otras redes sociales. Ni siquiera existía Avezalia.

 

Un primer problema que se nos planteaba era el formato en el que presentar dicha prueba, ya que las demandas eran y siguen siendo en soporte papel, y los emails eran electrónicos. ¿Imprimirlos? Podían tacharnos el contenido. No estamos ante un correo ordinario, en el que la letra o la firma pueden ser más que suficiente, y en el caso de no serlo se podría salvar con una pericial.

 

La primera vez que presentamos el mail como prueba, nadie usaba la firma electrónica. Actualmente casi nadie. Entonces, se nos planteó otro problema, y es que aun presentando el soporte digital, esto es, el gestor de correos o directamente desde el servidor, resultaba que los correos electrónicos eran y son perfectamente manipulables.

 

¿Y si presentábamos el disco duro tal cual? Según nuestro amigo informático de batallas, tampoco garantizaba el contenido. El contenido. Precisamente lo que más nos importaba. Ese contenido podía haber sido manipulado incluso por terceros ajenos a los comunicantes, además de por todos los intervinientes en la transmisión del mismo, incluso por los proveedores de servicio. Ese contenido incluso de podría manipular una vez presentado el disco duro como prueba, y nadie se daría cuenta de la manipulación.

 

Sin embargo, había una forma para solventar la validez del email a efectos de que no nos impugnaran la prueba, ya que hay un elemento en los emails que los informáticos saben que es difícil de manipular (imposible en el mundo de la informática, por lo que hemos podido comprobar en todos estos años, no existe), el cual procedimos a su protocolización a efecto de presentarlo en soporte papel para su unión a la demanda. El coste de la prueba fue elevado, pero mereció la pena visto el resultado del procedimiento.

 

Sin embargo, hoy día nos encontramos con muchos compañeros que presentan el mail como prueba con una simple impresión, sin ningún medio que garantice el contenido íntegro, sin que se les ponga ninguna traba de contrario. Y claro, son admitidas como prueba por los juzgados.

 

En asuntos con menos medios económicos, hemos tenido que hacer uso del email impreso en papel como prueba, so pena de su falta de validez, si bien la misma se puede ver complementada con otros medios de prueba de los que se hagan uso en el juicio, siendo la declaración de testigos de mayor importancia, a efectos de hacer valer, al menos como indicios, dichos emails impresos.

Cómo quitar un contenido de Internet

InternetInternet se ha convertido en una ingente base de información, que en muchos casos desinforma. Pero sobre todo se ha convertido en un ágora donde la crítica resulta fácil, acompañada en muchas de las ocasiones por un desprestigio barato, injurioso y calumnioso en la mayoría de los casos, y donde compartir información, de lo más variopinta, es algo habitual, si bien no siempre lícito.

 

Una de las mayores infracciones que se comete en Internet es la vulneración de derechos de propiedad intelectual, motivo por el cual nació la famosa –siniestra- Sección Segunda y todas las modificaciones legales que al respecto se han producido, a fin de poner coto por vías menos ortodoxas que las judiciales.

 

También nos encontramos con blogs de autores “anónimos” que hacen crítica negativa a diestro y siniestro. Y claro, el problema está cuando te afecta. ¿Qué haces? Si te diriges a Google para ejercer el tan conocido “Derecho al olvido”, esta empresa te dirá, con total seguridad, que prima el derecho a la información y la libertad de expresión establecido en el artículo 20 de nuestra Constitución. Oiga! Pero es que la información no es veraz! –Me da igual. Y es que el derecho al olvido existe en el papel, pero no en la práctica.

 

Ante tal situación, recurrimos a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), que en su artículo 8 (Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario) estable la posibilidad de establecer restricciones frente a websites que atente contra el orden público, la dignidad de la persona, la protección de la juventud y de la infancia, la propiedad intelectual, entre otros principios. Debemos acudir a los juzgados en defensa de nuestros intereses, pues solo ellos –con excepción hecha de los condicionantes de la mencionada Sección Segunda– son los competentes para retirar un contenido de Internet. En nuestra denuncia debemos solicitar las medidas que se deben adoptar, de bloqueo total o retirada del contenido. Un consejo muy práctico es levantar un acta notarial del contenido ilícito que vayamos a denunciar, por aquello de que desaparezca en el transcurso de interposición de la denuncia y las medidas previas a adoptar.

 

En los blogs “anónimos” hay que solicitar que se requiera al proveedor del servicio a fin de que identifique al presunto responsable, siendo también fundamental la identificación de la IP infractora.

 

Y si no queremos acudir a los tribunales, siempre nos queda la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que velará por que nuestros derechos de cancelación y oposición se cumplan.

 

 

 

Los nuevos delitos de Internet y su regulación en la reforma del Código Penal

Balanza justicia

La nueva reforma del Código Penal afecta al mundo de Internet y a los nuevos delitos nacidos a raíz de ello y del uso de las redes sociales. Pero no están todos, hay algunos que echamos en falta.

 

Dentro de la guerra declarada contra las páginas de enlace, la nueva regulación de los delitos contra la propiedad intelectual establece que, “La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”. Por lo que se ve, Europa va por un camino y España por otro muy distinto, ya que el término “facilitar” hace referencia no solo a quien aloja contenido, sino también a quien enlaza.

 

Por fin se da entrada al grooming, que es aquel acto que hace referencia a una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, haciéndose pasar por menor, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él. En la reforma del CP se establece un límite de edad, dieciséis años, siendo el máximo punible de dos años de prisión, lo que se nos antoja poco teniendo en cuenta las secuelas que, en este tipo de delitos, se producen en el menor.

 

Relacionado con el anterior son los delitos conocidos como sexting o sextorsión. Estos actos consisten en el envío de contenido erótico o pornográfico por medio de los dispositivos móviles, para posteriormente chantajear a la víctima. Esta “moda” está muy extendida, desgraciadamente, en la juventud, siendo la gran mayoría menores. Y lo peor, es que las grabaciones suelen ser consentidas, realizadas en la confianza mutua fruto de la relación sentimental mantenida. En muchos casos, el problema viene dado porque, esas fotos subidas a Internet, por mero sentimiento de odio, son tratadas por terceros para surtir de contenido a sus webs eróticas, con una problemática que transciende, en la mayoría de los casos, las fronteras nacionales. Por eso, la única recomendación que damos desde Avezalia es que las fotos, cuanto más vestidos, mejor. Y las que no se está vestido, no tenerlas en ningún dispositivo electrónico conectado a Internet.

 

Y también se les pone freno en esta reforma del CP a los hackers, que son aquellos sujetos, expertos en informática, que usan todo su conocimiento no precisamente para hacer el bien.

 

Por último, pobre se queda la reforma en cuanto al conocido como ciberterrorismo, por cuanto la máxima pena a aplicar sería de dos años de prisión. Se antoja harto difícil combatir el terrorismo, y mayor dificultad tiene cuando se prevé de Internet como medio para realizar los ilícitos. Pero sea como fuere, la repercusión es la misma, y en este apartado, por su mayor universalidad, debían todos los países del entorno Europa remar en la misma dirección.