Menores ciberacosadores: el caso del profesor hostigado

Ciberbullying

Ciberbullying

 

 

Se habla mucho del cyberbullying y del bullying en la escuela, entre compañeros de clase, con las nefastas consecuencias que ello acarrea para el acosado, que por sus especiales circunstancias se ve totalmente indefenso, y por desgracia con resultados espantosos en algunos casos.

 

En este campo no escapa nadie, ni los profesores.

 

Hace ya muchos años, cuando aun no existían las redes sociales, defendía a profesores que eran acosados por alumnos e, incluso, los padres de éstos. Ahora, con el acceso de los menores a las redes sociales, unido a que cada vez es más temprana la edad a la que se le facilita un Smartphone, se añade el acoso de los profesores en las redes sociales.

 

El supuesto es el siguiente: menor toma foto de profesor y la sube a una red social (Facebook, Instagram, etc).

 

En el mejor de los casos podemos estar ante una infracción administrativa, por cuanto que la imagen es un dato personal, y la publicación de datos de carácter personal en Internet constituye una cesión de datos, y toda cesión de datos debe contar previamente con el consentimiento del interesado, quien debe ser suficientemente informado de la finalidad a la que se destinen los datos.

 

La Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, concreta la protección jurídica dada por la Constitución Española, teniendo la consideración de intromisiones ilegítimas:

 

“La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos”.

 

Este es el mejor de los panoramas, puesto que podemos encontrarnos con un delito contra la intimidad y la propia imagen, contemplado en el artículo 197 del Código Penal, a los que se les aplicaría la Ley del Menor, con las medidas contempladas en ellas para reeducar al infractor, y la reparación del daño vía indemnización (responsabilidad civil ex delito).

 

En el caso de un menor de 14 años, éste no tiene responsabilidad penal, pero sí que responderían sus padres o tutores respecto a la indemnización civil ex artículo 1903 del Código Civil, que señala que los padres o tutores son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.

 

La Ley del Menor traslada esa responsabilidad a los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, en ese orden. Por tanto, ¿qué ocurre si el acoso (ciber o no) en la red se produce en el colegio?

 

Pues que la responsabilidad civil puede ir de la mano, esto es, solidaria tanto para padres como para el colegio.

 

Ello es así por la obligación que tiene el centro de intervenir cuando de alumnos propios se trata. Si no lo hiciera, habría un delito por omisión, y en el caso de bullying en todas sus modalidades, podría acarrear consecuencias penales para los profesionales de la enseñanza.

 

Me comentaba un profesor amigo que la problemática actual es mayor de lo que se ve en los medios. La cuestión no pasa por prohibir el uso de teléfonos, en parte por miedo a echarse encima la AMPA, sino por fomentar el buen uso de los mismos.

 

Los dispositivos tecnológicos han venido para quedarse: enseñemos a usarlos bien.

 

 

El caso Blablacar

BlaBlaCar

BlaBlaCar

Los mandatos del derecho son éstos: vivir honradamente, no molestar a los demás, dar a cada cual lo suyo.

 

Así empieza los fundamentos de derecho de la sentencia conocida como el caso BLABLACAR, mediático donde los haya, para recordar a todos el principio constitucional de independencia de los jueces.

 

Desde que aparecieron las plataformas de economía colaborativa, ha habido mucho recelo por parte de los sectores de actividad más tradicionales (y también de Hacienda), que lo ven como una amenaza, sin contemplar soluciones más acordes a los tiempos actuales. Y es que, visto desde fuera, no se estima que sea tal amenaza, todo lo contrario.

 

Para aquellos que no lo sepan, la economía colaborativa comprende a todos aquellos modelos de negocios en los que las actividades se desarrollan a partir de plataformas colaborativas que proporcionan un mercado abierto para la utilización temporal de bienes o servicios, frecuentemente ofrecidos por entes privados.

 

Entre dichas plataformas se encuentra la muy popular BLABLACAR, que en mayo de 2015 se enfrentaba a una demanda por competencia desleal interpuesta por la Confederación Española de Transporte de Autobus (CONFEBUS), que pretendía su cierre en España.

 

Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid, en su sentencia nº30/2017 de 2 de febrero de 2017, ha desestimado la demanda de CONFEBUS por entender que se trata de una actividad ajena a la regulada por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), por lo que poco puede infringirla.

 

Argumenta que los usuarios de la plataforma son particulares que no están contratados por BLABLACAR, ni pertenecen a una empresa dedicada al transporte, amén de que lo que comparten son gastos, sin que exista ánimo de lucro.

 

Además, BLABLACAR impide el uso lucrativo de la plataforma. Así, el coste medio por kilómetro lo establece en 0,06 euros, cuando Hacienda entiende que el coste del uso de un vehículo privado es de 0,19 euros el kilómetro.

 

Llama la atención el informe pericial aportado por BLABLACAR donde se establece que el coste medio de viajar en un vehículo privado es de 0,332 euros el kilómetro, realista por cuanto no solo se consume combustible, sino que existe un desgaste de los componentes del vehículo. Entiendo que esto es conocido por la Hacienda Pública, quien hace oídos sordos y sigue con la media anterior indicada, que debe tener unos 20 años ya.

 

Como bien fundamenta la sentencia, la actividad de BLABLACAR es la propia de una sociedad de la información, que pone en contacto a personas, prestando un servicio de intermediación entre particulares, conforme establece el artículo 1 de la LSSICE.

 

En cuanto a la remuneración que recibe BLABLACAR por la intermediación entre usuarios, no es significativa como para incluirla dentro de las actividades reguladas por la LOTT, y son exclusivamente gastos de gestión por el control y gestión de la plataforma.

 

Otra cuestión debatida en la demanda es de índole fiscal, en cuanto a si el conductor debe pagar o no IVA, si bien no se ha pronunciado sobre la misma. Pero seguro que pronto Hacienda querrá llevarse parte del pastel, obviando la realidad cambiante de una sociedad que quiere compartir recursos, cada uno con sus motivos, económicos, sostenibilidad, ambientales, etc. Si no hay lucro y no se ejerce una actividad profesional, no debe generar IVA, pero como al final aquí se justifica todo…

 

 

 

Cuidado con la foto que tuiteas

twitterMe enviaba un amigo un enlace a una noticia del periódico Valencia Plaza sobre una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia en la que se condenaba a un tuitero a indemnizar a un fotógrafo por publicar la foto de éste en Twitter sin su conocimiento y sin reconocer al autor.

 

La veda se ha abierto. Cada día veo en Twitter cientos de fotos, no quiero imaginar a cuánto asciende la cifra a nivel mundial. Y en ninguna de las que veo se nombra al autor de la misma, ya que la limitación de caracteres de la red social imposibilita poner más información de la que quisiéramos.

 

Ocurrió lo que todos solemos hacer cuando tuiteamos: leemos una noticia, nos gusta y le damos al botón de tuitear, generando un enlace a dicha página con el contenido de la noticia, generalmente junto con imágenes. Pues bien, en principio debemos entender que al enlazar, es la noticia enlazada la que debe contener todas las menciones en cuanto a propiedad intelectual se trata.

 

Sin embargo, la jueza de lo Mercantil de Valencia entiende que al publicar la imagen (unida a la noticia) en nuestro Timeline, por mucho que se remita al periódico donde se hayan cumplido todas las exigencias legales (en este caso abonó vía indemnización los derechos legítimos de su autor), supone un nuevo acto de utilización y difusión de la fotografía, por lo que se vulnera los derechos de propiedad intelectual, siendo extensible para todos aquellos que, a su vez, lo retuitearon.

 

Desde mi punto de vista ese tuit es un enlace a un artículo de un periódico, y como tal no requiere autorización. Sobre esto ya se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el famoso caso Svensson. En su sentencia, con acierto fundamentaba que si bien un enlace es un acto de comunicación, y como tal se requiere la autorización del autor propietario de los derechos, hay que tener en cuenta el público al que va dirigido, esto es, si es un público nuevo o no, en cuyo primer caso se vulneraría los derechos de propiedad intelectual. Para que nos entendamos, que si enlazo a una noticia a cuyo contenido el navegante podría haber accedido abriendo el website del periódico en cuestión, no hay público nuevo y, por tanto, no hay vulneración alguna de derechos.

 

Diréis que la foto en cuestión no fue autorizada su uso en un principio por el autor, pero posteriormente éste fue indemnizado. Además, el enlace que se crea en el botón de Twitter de cualquier página, es un enlace automático sin intervención del tuitero, que si bien es cierto que puede añadir, si cupiese, algún otro contenido, debemos entender que actúa de buena fe en la creencia de que quien publica la noticia y su contenido gráfico, lo hace con todas las autorizaciones que le son exigidas, más cuando de un medio de comunicación se trata.

 

Y debemos entender que la indemnización efectuada por el periódico comprende otras vías de comunicación o difusión de la noticia, a través de enlace en diversas redes sociales, cuyos usuarios hacen eco de la noticia principal. De otro modo, se pondría veto a enlazar.

Facebook investigada por racismo

Facebook investigada por racismo

Facebook investigada por racismo

Facebook, el gigante de las redes sociales, le salen problemas por todo el mundo. Raro es el país donde no tenga una causa judicial abierta. En esta ocasión es Alemania la que lo está investigando, junto con su fundador Mark Zuckerberg, por permitir el racismo e incitar al odio en su medio.

 

Facebook, como toda empresa norteamericana, tiene unos valores de libertad heredados de su administración pública, extremadamente abiertos, siempre y cuando a ellos no les afecte. Ya sabemos todos que si se tocan sus colores es conveniente estar en forma para salir corriendo. La cuestión es que la red social más popular del mundo no pone coto a expresiones xenófobas vertidas en su medio, con lo que choca de plano con las leyes alemanas, y me atrevo a decir que también con las leyes del entorno europeo.

 

Facebook tiene un especial deber de vigilancia. Dicho deber de vigilancia no debe ser entendido, desde mi punto de vista, en un sentido tan amplio que se asimilen a una vigilancia policial, sino a un verdadero control efectivo, lo que es factible atendiendo al estado de la técnica actual y a que, precisamente Facebook, destaca por ser una red social que no cuida mucho la privacidad de sus usuarios. Por tanto, no hay excusas, y Alemania, si quiere, ganará esta batalla.

El peligro de usar WhatsApp con los clientes

whatsappHace un año escribía sobre Whatsapp como prueba en juicio, dado su fácil uso para injuriar, calumniar, y un sinfín de problemáticas jurídicas, que hace cada vez más frecuente su aportación en el proceso judicial.

 

Ya comenté entonces que, al igual que el correo electrónico, no es suficiente con la aportación de las conversaciones impresas o mero pantallazo, que también, si tienes la suerte de que no te lo impugnen. Pero lo aconsejable es que garantizar la cadena de custodia, así como su integridad y no modificación, labor propia de perito informático. Y como recordatorio, debemos tener en cuenta que la impugnación afectará en costas a quien la realiza, amén de que debe ser motivada para desplazar la carga de la prueba.

 

Este medio de  mensajería instantánea está sumamente extendido, y lo que empezó como una forma de comunicarse con la familia y amigos, está hoy por hoy muy integrado en el mundo laboral y profesional, si bien en las condiciones legales de uso WhatsApp prohíbe su utilización comercial, limitándolo solo a uso personal, declinando toda responsabilidad. Claro que… ¿Quién lee las condiciones legales? Por mucho que la Agencia Española de Protección de Datos lo recomiende, nadie lo hace.

 

Son muchos los compañeros abogados que lo usan para sus relaciones con los clientes, cuando evidentemente no es el mejor de los medios para hacerlo, no ya por la molestia de la disponibilidad 24h, entre otras, sino porque entiendo infringe la normativa sobre protección de datos, por los motivos que vamos a ver.

 

En las referidas condiciones de uso, WhatsApp te deja muy claro que consientes en que trate no solo tu número de teléfono, sino toda tu agenda. Claro que diréis que hace ya años la Audiencia Nacional dijo que el número de teléfono no es dato personal (y sin embargo la IP si, sigo sin entenderlo). Pero WhatsApp dice “y los demás contactos que tienes en la libreta de direcciones. Y claro, en la libreta, al menos yo, identifico al contacto, con nombre y a veces apellidos. A su vez, WhatsApp accederá a los datos de nuestros contactos cuando estos se den de alta a su vez en la aplicación, accediendo a su información personal, por lo que ya lo tenemos identificado.

 

Si a todo esto le sumas que esos datos viajan a Estados Unidos, donde tiene su sede WhatsApp, el desaguisado es tremendo, amén de que ninguno de nosotros tenemos firmado un contrato de encargado del tratamiento con la aplicación, pues van a pasar de nosotros, ni en su defecto solicitamos autorización al Director de la AEPD para la transferencia internacional de datos, que veo difícil nos dé. Y como todos sabemos, Estados Unidos eso de cumplir con la protección de datos, pues como que es algo muy de los europeos y sus trabas para el comercio.

 

Y aunque WhatsApp ha introducido como mejora de seguridad el cifrado de extremo a extremo, lo cierto es que la seguridad 100% es imposible. Además, los smartphones tienen por costumbre guardar los archivos que llegan por las distintas aplicaciones, muchos de ellos, sobre todo las imágenes, que si tenemos cuenda en Google u otro proveedor, se sincronizará con las aplicaciones de dicha compañía subiendo los archivos a la nube, infringiendo con ello nuevamente la normativa sobre protección de datos por cuanto las medidas de seguridad y el propio cumplimiento por parte del prestador de servicios de cloud son más que dudosos.

 

Lo aplicable para abogados lo es para cualquier profesional, sea de la rama que sea.

 

Lexionario: Almacenamiento Secundario

Es un medio de almacenamiento en soporte definitivo, también llamado externo, como los disco duros, pendrive, etc.

Whatsapp como prueba en juicio

La mensajería instantánea, y a la cabeza de la misma la app Whatsapp, se ha convertido en nuevas vías de relaciones sociales y, claro está, fuente de nuevos problemas. Y es que muchos usan este tipo de aplicaciones para insultar, amenazar y otros delitos del montón. En fin, lo de costumbre.

 

La cuestión es la validez de dichas conversaciones en juicio. La problemática surge porque, en el caso de Whatsapp, reina de la mensajería instantánea, la manipulación de los mensajes, archivos, etc, es piece of cake. Esta fácil manipulación hace que nos planteemos la validez y eficacia en juicio. Y es que el administrador de la app no conserva el contenido de las conversaciones (sólo algunos datos relacionados con las comunicaciones), quedando esta en los terminales de los usuarios.

 

Si queremos aportar las conversaciones de Whatsapp como prueba en juicio, realmente es muy fácil. Sólo tenemos que entrar en el perfil del Whatsapp que queremos imprimir. Le damos a opciones y nos sale un desplegable. Picamos en la opción “Más” y luego “Enviar chat por correo”. Ponemos la dirección de email a la que queremos enviar el archivo de texto y listo. Recibimos dicho archivo de texto donde sale todas las conversaciones mantenidas, con fecha y horas de la misma, incluso la referencia de los ficheros de fotos, videos y conversaciones que se hayan remitido. Lógicamente sale todo el historial, desde el inicio, por lo que debemos purgar el contenido e ir al que directamente nos afecta.

 

Esta prueba como tal tiene validez, siempre que no sea impugnada, como es lógico, si bien debemos tener en cuenta que la impugnación afectará en costas a quien la realiza, amén de que debe ser motivada para desplazar la carga de la prueba. Por tanto, una vez impugnada debemos irrefutablemente acudir a la prueba pericial, teniendo la carga probatoria quien pretende valerse de dicha prueba. El perito debe ser muy cualificado, debiendo garantizar la autenticidad y la integridad de la prueba, es decir, que los datos sean ciertos y reales, y que no se hayan alterado.  

 

Como hemos dicho, la información de los mensajes solo es guardado en los terminales de los usuarios, por lo que si estos lo borran tendremos que acudir a la memoria flash, con el inconveniente que aquí se mantienen hasta que el dispositivo necesita más espacio, momento en el que es borrado “definitivamente”, entre comillas. Si bien, recientemente los usuarios de Whatsapp que quieran mantener sus conversaciones y archivos a salvo, y tenerlo disponibles por si cambian de terminal u otra circunstancia, es cierto que Google Drive te permite tener copia en la nube, por lo que podemos acudir a este “tercero de buena fe” que hará las veces de testigo.

 

El administrador de la app hace posible el tránsito de información, pero no guarda las conversaciones, solo los metadatos (datos que describen otros datos, reflejan el tráfico de las comunicaciones, origen y destino de las mismas, identidades e IP, entre otros). Pues bien, dicha información será relevante a efectos de la pericial, ya que si las conversaciones son manipuladas, esta no coincidirá con los metadatos y, por tanto, no quedará garantizada la autenticidad e integridad de la prueba.

 

Los operadores tienen obligación de conservar los datos relativos a las comunicaciones electrónicas como así establece la Ley 25/2007, de 18 de octubre, si bien los juzgados acceden a la investigación por esta vía sólo en caso de delitos graves, cuando deberían tener en cuenta que cada vez más se dan casos de delitos por estas vías, sobre todo de injurias y calumnias, y si damos impunidad a ello, nos podemos encontrar con un serio problema social, en el que sería libre delinquir in consecuencia alguna, por el simple hecho de usar un medio electrónico.

 

 

Lexionario: Adwords

Es uno de los sistemas de publicidad de Google mediante anuncios publicitarios de texto o gráficos. Los anunciantes compran palabras claves (Keywords) de tal modo que la publicidad aparezca cuando el usuario busca por esa palabra clave. El anunciante paga por cada click que se haga por los usuarios en su anuncio.

Por las Redes Sociales no se insulta

twitterNi por ese medio ni por ninguno, pues no hay nada más deplorable que menoscabar el honor o la buena fama de otra persona, aunque por desgracias, cada vez más, estemos acostumbrados a verlo como corriente.

 

La cuestión es que las Nuevas Tecnologías, y por ende las Redes Sociales han traído otro canal más para vulnerar el derecho al honor de terceros. Como ya hemos comentado en otros posts, múltiples veces desde Avezalia hemos tenido que interponer querellas por injurias y/o calumnias por menosprecios realizados a través de la web, generalmente por medio de blogs o de las redes sociales, principalmente en Facebook. Pero hay una red que, por sus características propias, merece especial consideración. Esta red es Twitter.

 

Como todos sabréis, y quien no lo sepa lo recordamos, Twitter es una red social que permite enviar mensajes de corta longitud (140 caracteres máximos), llamados tweets (que es lo que hacen los pájaros). Los usuarios pueden seguir a otros usuarios y ver así sus tweets (los followers), si bien los tweets son por defecto públicos.

 

Esta peculiaridad es la que vamos de debatir en este post. Y es que en un principio, quien insulte a otro por medio de Twitter solo va a tener la repercusión que dentro de sus followers o seguidores se le puede dar. Hace poco ha saltado a la palestra el caso de una concejala que, mediante un tweet desprestigiaba a otro concejal del bando contrario. La cuestión es que dicha concejalano tenía muchos seguidores, por lo que en un principio no tuvo mayor transcendencia. Pero sus desprestigios llegó a oídos del ofendido, e interpuso la correspondiente querella. Es en este momento cuando salta a los medios de comunicación los insultos, teniendo entonces repercusión los tweets en un principio inofensivos.

 

La cuestión aquí es la limitación de caracteres. ¿Por qué?, os preguntaréis. Pues como bien sabéis, la Ley establece que, aquel condenado por infringir el derecho al honor de otro deberá publicar total o parcialmente la sentencia condenatoria a su costa con la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. Y claro, para empezar con 140 caracteres no da ni para un cachito de sentencia, aunque una solución fácil sería poner un link o enlace a la sentencia íntegra, si bien ya no se estaría empleando el mismo medio. Pero claro, escribir la sentencia, aunque solo sea el fallo, da para unos cuantos tweets…

 

Una cuestión que nos planteamos en el caso referido es que la difusión pública inicial de la vulneración del derecho al honor que dio pie a la querella fue muy escasa. Mayor repercusión tuvo su filtración a los medios de comunicación, que nadie sabe como sucedió. Por tanto, ¿cómo resarcimos el daño? Porque si tengo pocos seguidores, pocos son los que se van a enterar del fallo judicial. Y lo cierto que el medio empleado es el que es, Twitter. Y la difusión dada por los medios de comunicación tradicionales seguro que nada tuvo que ver la querellada. Si bien es cierto que el mayor daño se produce con dicha filtración. ¿Debería publicar la sentencia también en dichos medios? Me decanto por un no rotundo.

 

Otra problemática de dicha red social es la publicación de los tweets, que se pierden en el timeline de Twitter, por lo que la visibilidad o publicidad del mismo queda muy mermada, y por ende la finalidad pretendida con la sentencia.

 

 

 

 

 

Te explicamos el Safe Harbor

¿Con qué tiene que ver el Puerto Seguro o Safe Harbor?

 

Todas las referencias que estamos leyendo últimamente en relación con la anulación del Safe Harbor o Puerto Seguro tienen que ver con la privacidad y el dinero.

 

Con privacidad porque lo que está en juego es la protección de la privacidad y de la protección de datos en las relaciones entre Europa y EE.UU.

 

Con dinero porque, en la mayor parte de los casos, los servicios y plataformas telemáticas que empleamos en la red pertenecen a entidades norteamericanas (pensemos, por poner sólo los ejemplos más conocidos, en Facebook, Twitter, Amazon, Apple, Google…).

 

En Europa protegemos de una determinada forma la privacidad…

 

En Europa estamos, desde hace ya un tiempo, enormemente concienciados con el tema de la privacidad y con garantizar a toda costa el derecho a la protección de datos de carácter personal.

 

De ahí que surgieran normas en la U.E. que, posteriormente, dieron lugar, en cada estado de la U.E., a su correspondiente norma de protección de datos (en España, sin ir más lejos, la archiconocida L.O.P.D. y su Reglamento), dando lugar a un marco legal que pretendía proteger la privacidad de forma homogénea.

 

Pues bien, dentro de dichas normas, existen disposiciones muy restrictivas para aquellos casos en los que los datos salgan de las fronteras nacionales de los estados europeos, como sucede en el caso de SaaS y de las plataformas y servicios norteamericanos ya comentados

 

… Y en EE.UU. lo hacen de una manera totalmente distinta…

 

No obstante, al otro lado del charco las cosas eran y son muy diferentes. Son, por así decirlo, mucho más laxos con el tema privacidad (quién no recuerda las declaraciones del CEO de Facebook en las que, hace ya un tiempo, afirmaba que la privacidad había muerto).

 

Dicho de otro modo, las normativas europea y norteamericana se parecían en este tema sólo en el blanco de los ojos.

 

… De ahí que surgiera el Safe Harbor o Puerto Seguro…

 

No obstante la referida diferencia de normativas y de niveles de protección de la privacidad, los negocios, las relaciones económicas y el dinero tenía que seguir fluyendo, sí o sí, entre Europa y los EE.UU., motivo por el cual, tras negociaciones entre ambas organizaciones, surgió el Acuerdo de Puerto Seguro o Safe Harbor.

 

¿Qué regula el Puerto Seguro o Safe Harbor?

 

El Acuerdo de Puerto Seguro pretendía hacer posible la transferencia de datos de la U.E a EE.UU. sólo a aquéllas empresas norteamericanas que se suscribieran al mismo ya que, en teoría, con ello garantizaban la aplicación de una serie de principios en materia de privacidad que los “equipararían” a las empresas europeas en cuanto a nivel de protección de dicha privacidad.

 

¿Ahora qué diantres ha pasado?

 

Pues, básicamente, lo que viene pasando desde fines de la Segunda Guerra Mundial: EE.UU. en su papel de potencia mundial dominante impone sus condiciones al resto de estados y cuando dichos estados tratan de imponerles alguna condición se sacan de la manga un acuerdo del tipo del que estamos hablando para aparentar que se cumple dicha condición.

 

En el presente caso, ese “aparentar” es literal. A las empresas norteamericanas adheridas al Safe Harbor casi que les basta con darse de alta en una lista, pagar una cuota anual (100 $… una inmensidad para empresas como Google y cía) y decir que sí, que van a ser responsables y observar una serie de principios acordes a la normativa europea, sin que haya entidad pública encargada de revisar dicho cumplimiento. Es lo que se llama en este tipo de sectores autorregulación.

 

Pues bien, ante esta situación, el Tribunal de Justicia de la U.E. dictaminó que por tales circunstancias dicho acuerdo no velaba suficientemente el derecho a la privacidad y a la protección de datos de los ciudadanos europeos y que, por tal motivo, quedaba anulado.

 

¿Y esto en qué me afecta?

 

A los particulares, poco o nada les afecta, ya que siempre que consientan las transferencias internacionales de datos a otros países, lo hacen por su cuenta y riesgo, ya que se supone que son mayores y que se leen los avisos legales de las cías que antes comentábamos (ja!).

 

Mayor problema presenta el tema para las empresas y profesionales que o bien emplean SaaS que proveen empresas del otro lado del charco o bien tienen el alojamiento de sus sitios o blogs en EE.UU. Y eso quedándonos en los dos ejemplos más claros…

 

En un principio, las autoridades de protección de datos europeas, han dado de plazo a la U.E y EE.UU. hasta finales de enero de 2016 para tomar una postura al respecto. Por lo que no hay que entrar en estado de pánico… aún.

 

Nosotros entendemos que las entidades gubernamentales norteamericanas se sacarán de la chistera algún tipo de acuerdo que sustituya al Safe Harbor, pudiendo, para desgracia de muchos, incluso servir de acicate al discutidísimo y enigmático TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión).

 

En caso de que sea así, la vida volverá a la “normalidad” (esto es, la EE.UU. exigiendo todo y más y cumpliendo con lo que le da la gana) y podremos seguir enviando datos masivamente a Norteamérica para que su Gobierno haga con ellos lo que sea que hacen por el bien de la seguridad nacional y la democracia.

 

En caso de que no se llegue a algún acuerdo, estamos seguros que la A.E.P.D. emitirá un comunicado oficial o guía (como ha sucedido en otras ocasiones) para clarificar la situación, si bien habrá que cumplir las normas contenidas en la L.O.P.D. sobre transferencias internacionales de datos, lo que podrá llegar a suponer, llegado el caso, el buscar servicios telemáticos alternativos a los ya empleados con ubicación en la U.E. u otros países con un nivel de protección similar al de la U.E. Podría incluso darse la circunstancia, que sería muy deseable, que las empresas norteamericanas dejasen de tener sus instalaciones, servidores y demás en suelo de EE.UU. y pasen a tenerlo, para no perder clientes, en suelo europeo y, con ello, quedar sujetos en todo a las normativas de protección de datos de los estados miembros de la U.E.