La problemática de la videovigilancia

Videovigilancia

Videovigilancia

Hoy venimos a hablar de algo que interesa y mucho en la sociedad actual: la videovigilancia y su problemática.

 

Todo el mundo sabe valorar su propia imagen, menos aquellos que les gusta más una cámara que a un niño una golosina, y por salir en la caja tonta hacen cualquier cosa. Pero aun éstos, saben que su imagen es importante, para tal o cual fin, pero importante al fin y al cabo.

 

De hecho es un derecho fundamental protegido, y si no que se lo digan a la Agencia Española de Protección de Datos personales. Sin embargo, en cualquier ciudad de España, ya sea en sitio público o privado, nos encontramos con cámaras que graban cada minuto de nuestras vidas como si de una película se tratase. Y lo cierto es que cada vez más se instalan cámaras en establecimientos, por motivos de seguridad, si bien tomar la decisión de ponerlas puede acarrear bastantes dolores de cabeza.

 

¿Y por qué? Imaginemos un supuesto práctico. Quiero ejercer mi derecho de acceso ante el responsable del fichero de videovigilancia de unos almacenes, y accedo sin problemas, pero seguro que se ha vulnerado la LOPD por cesión de datos. Me explico. Como en toda película, hay actores principales y otros secundarios, amén de los extras. Pues bien, raro es que en cualquier captación por medio de videocámaras, aunque sea la de un establecimiento pequeño, salgamos solo nosotros, el sujeto concreto que está ejerciendo su derecho de acceso, pues como en cualquier película, si no hay secundarios, seguro que hay extras. Y en ese momento, nos estarían cediendo datos personales sin el consentimiento de esas otras personas que salen en la imagen.

 

Como todo fichero de datos, el de videovigilancia tiene las obligaciones formales no solo de su notificación y puesta en conocimiento de todos los afectados, sino también la de hacer copia de respaldo y cumplir con las medidas de seguridad adecuadas. Esto es importante, pero no problemático como lo anterior explicado. Pero es que hay autores que opinan que las imágenes deben guardarse por un tiempo superior al indicado en la LOPD. Así, si las videocámaras fueran testigos mudo de un delito, se puede dar el caso que dichas imágenes tuvieran que conservarse por un plazo de hasta 20 años, que es el de prescripción de los delitos mayores. Borrar una prueba de tanto calado puede traer consecuencias, y al final, como siempre, resulta más caro el remedio que la enfermedad.

 

¿Cumples la normativa? 

Los datos de los campos marcados con * son necesarios.

Este es un formulario guiado que no le llevará más de 10 minutos rellenar. En él se cubrirá información referente a la actividad económica, imagen corporativa, estrategia comunicativa y datos web mediante los cuales obtendremos una visión general de la situación en la que su empresa se encuentra en relación a los servicios que requiera para darle la mejor atención posible.

Menores ciberacosadores: el caso del profesor hostigado

Ciberbullying

Ciberbullying

 

 

Se habla mucho del cyberbullying y del bullying en la escuela, entre compañeros de clase, con las nefastas consecuencias que ello acarrea para el acosado, que por sus especiales circunstancias se ve totalmente indefenso, y por desgracia con resultados espantosos en algunos casos.

 

En este campo no escapa nadie, ni los profesores.

 

Hace ya muchos años, cuando aun no existían las redes sociales, defendía a profesores que eran acosados por alumnos e, incluso, los padres de éstos. Ahora, con el acceso de los menores a las redes sociales, unido a que cada vez es más temprana la edad a la que se le facilita un Smartphone, se añade el acoso de los profesores en las redes sociales.

 

El supuesto es el siguiente: menor toma foto de profesor y la sube a una red social (Facebook, Instagram, etc).

 

En el mejor de los casos podemos estar ante una infracción administrativa, por cuanto que la imagen es un dato personal, y la publicación de datos de carácter personal en Internet constituye una cesión de datos, y toda cesión de datos debe contar previamente con el consentimiento del interesado, quien debe ser suficientemente informado de la finalidad a la que se destinen los datos.

 

La Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, concreta la protección jurídica dada por la Constitución Española, teniendo la consideración de intromisiones ilegítimas:

 

“La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos”.

 

Este es el mejor de los panoramas, puesto que podemos encontrarnos con un delito contra la intimidad y la propia imagen, contemplado en el artículo 197 del Código Penal, a los que se les aplicaría la Ley del Menor, con las medidas contempladas en ellas para reeducar al infractor, y la reparación del daño vía indemnización (responsabilidad civil ex delito).

 

En el caso de un menor de 14 años, éste no tiene responsabilidad penal, pero sí que responderían sus padres o tutores respecto a la indemnización civil ex artículo 1903 del Código Civil, que señala que los padres o tutores son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.

 

La Ley del Menor traslada esa responsabilidad a los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, en ese orden. Por tanto, ¿qué ocurre si el acoso (ciber o no) en la red se produce en el colegio?

 

Pues que la responsabilidad civil puede ir de la mano, esto es, solidaria tanto para padres como para el colegio.

 

Ello es así por la obligación que tiene el centro de intervenir cuando de alumnos propios se trata. Si no lo hiciera, habría un delito por omisión, y en el caso de bullying en todas sus modalidades, podría acarrear consecuencias penales para los profesionales de la enseñanza.

 

Me comentaba un profesor amigo que la problemática actual es mayor de lo que se ve en los medios. La cuestión no pasa por prohibir el uso de teléfonos, en parte por miedo a echarse encima la AMPA, sino por fomentar el buen uso de los mismos.

 

Los dispositivos tecnológicos han venido para quedarse: enseñemos a usarlos bien.

 

 

Retracto legal o cómo ahorrarte hasta un 95% en tu préstamo

La verdad que el título suena sensacionalista, pero es cierto. Y es que el Código Civil lo contempla y desde hace ya mucho, exactamente desde 1889, casi ná. El fundamento con el que nació era “la paz, el fin de los procesos y el favor del débil”, conceptos que en las leyes de hoy día parece que se tienen un poco olvidados. El Código Civil con ello quiere dar una segunda oportunidad al deudor para evitar que el crédito pase a manos de un tercero, permitiéndole extinguirlo con el pago del precio de la cesión.

 

El retracto legal es una restricción al principio de libre circulación y transmisión de los créditos que dispone el artículo 1112 del mismo cuerpo legal, básicamente con la intención de favorecer al débil frente a la especulación y, sobre todo, para quitar pleitos.

 

Naturaleza del retracto de crédito litigioso

 

Está regulado en el artículo 1535 del Código Civil. No podemos considerarlo un retracto stricto sensu, ya que no hay subrogación alguna del retrayente en la posición jurídica del retraído, sino una extinción del crédito que se produce con el pago del precio de la cesión, que será muy inferior al que venía obligado el deudor.

 

El caso en cuestión que se plantea es el de un deudor que debe un préstamo a un banco, que lo ejecuta por su impago y, en fase de ejecución judicial, vende su crédito a un tercero por una cantidad inferior a la que debe el deudor. Éste tiene la posibilidad de quitarse de una sentada el pleito y su deuda abonando la cantidad que ese tercero pagó.

Préstamos bancarios

Presupuestos

 

Para ejercer este derecho se tienen que dar los siguientes presupuestos:

 

  1. Que el crédito sea cedido mediante precio, por lo que no se incluirían aquellas cesiones gratuitas, ni la venta alzada en las que se transmite todo el patrimonio de una empresa a otra.
  2. Que sea efectivamente un crédito.
  3. Que sea litigioso, esto es, que se encuentre en fase judicial antes de la firmeza de la sentencia. En este fase es imprescindible que el deudor plantee una oposición de fondo (también es posible la oposición tácita por rebeldía procesal), pues de lo contrario no habría litigiosidad.
  4. Se debe actuar en un plazo de nueve días desde la reclamación del cesionario al deudor. Dicho plazo de nueve días lo es de caducidad.

 

Hay que distinguir según la ejecución sea por título judicial o por título no judicial. En el primer supuesto no hay litigiosidad, por lo que no se daría el presupuesto necesario, ya que el pleito principal quedó concluso por sentencia firme, y lo único que se puede plantear en este procedimiento es el pago o el pacto para evitar la ejecución.

 

Sin embargo, en la ejecución por título no judicial se puede plantear una oposición de fondo (necesaria), negando el propio crédito por las causas que sean: pago, transacción, compensación, prescripción, quita, pluspetición (esta última la reina de las excusas), clausulas abusivas, etc.

 

Pues bien, si se dan todas las premisas vistas, nos podemos encontrar con una suculenta rebaja en nuestro préstamo, siendo el caso más llamativo que he visto el de la compra de un fondo por un 5% de su valor, con lo que supuso un ahorro del 95%.

 

 

 

Plazo de garantía en compraventas celebradas entre empresarios

empresariosUna de las dudas más suscitadas entre nuestros clientes es el plazo de garantía cuando adquieren un producto para su actividad industrial o profesional. Si se les aplica o no la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

 

Pues bien, depende del caso, se les aplicará dicha Ley o, por el contrario, la normativa general, esto es, el Código Civil.

 

El quid de la cuestión radica en la definición de consumidor. ¿Qué se entiende por tal? Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, “son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Si bien a renglón seguido establece que “Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”.

 

Por tanto, un empresario o profesional puede ser considerado consumidor, y se le aplicaría dicha normativa más tuitiva, dependiendo del destino que le dé a los bienes.

 

Es doctrina reiterada, recogida entre otras en la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2000, que “no resulta aplicable la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios porque su normativa no puede ser invocada en apoyo de pretensiones de quienes no tienen la consideración de consumidor o usuario en sentido legal”.

 

Si bien la garantía mínima que un consumidor tiene es de dos años, para el caso de un empresario esta garantía se reduce a 6 meses, salvo que se pacte otra cosa. Este es el plazo que el empresario tiene para interponer la acción de saneamiento por vicios ocultos, plazo que lo es de caducidad y que está establecido en el artículo 1490 del Código Civil.

 

Es decir, que si compramos un ordenador para vincularlo a nuestra actividad, el plazo de garantía mínimo será de 6 meses, mientras que si lo adquirimos para nuestro uso particular el plazo de garantía mínimo será de 2 años.

¿Puedo hacer testamento electrónico?

Arroba red¿Qué entendemos por testamento electrónico? Básicamente lo podemos definir como aquel acto de última voluntad expresada en un medio electrónico, como puede ser un archivo en un ordenador, tablet o Smartphone.

 

En España no es posible, aun. Sin embargo, hay países como Australia que se ha adelantado al futuro, o más bien se han adaptado al presente. El caso concreto es el de un testamento dejado en un archivo del Smartphone del finado, al que un juzgado le ha dado plena validez.

 

En nuestro país el testamento viene regulado en el artículo 662 y siguientes del Código Civil. El mismo permite el testamento ológrafo, es decir, aquel que ha sido escrito en su totalidad y firmado por el testador, con expresión de la fecha. Pero, ¿y si se puede demostrar que el archivo electrónico fue creado por el testador? Debemos tener en cuenta que el Código Civil fue promulgado en un contexto totalmente distinto al actual, y si hubiera sido redactado hoy, con total seguridad incluiría el testamento electrónico, como otra forma de testar. Además, ¿qué ocurre con el principio de “favor testamenti”?

 

Lógicamente si la técnica permitiera identificar el texto realizado por una persona sin lugar a duda a su autoría, está claro que sería perfectamente factible. Tal es el caso de un correo electrónico firmado digitalmente. En el mismo se puede expresar la última voluntad, hacerlo extensible a otra u varias personas, queda constancia de la fecha y, lo más importante, se acredita el autor del mismo, por lo que, en principio, debe ser válido como testamento electrónico.

 

Pero como en todo, esta tesis tiene muchos detractores, sobre todo aquellos que, amparados en el artículo 687 del Código Civil, manifiestan que son nulos aquellos testamentos en cuyo otorgamiento no se han observado las formalidades legales. Y dentro de las formas de testamento, nuestro Código Civil admite que puede ser común o especial, y el común puede ser ológrafo, abierto o cerrado. Por lo que los detractores no encuentran cabida al testamento electrónico.

 

Sin embargo, no tienen en cuenta una de las normas fundamentales del Código Civil, aquella que hace o permite que éste siga cumpliendo años y sea, hoy por hoy, una de las normas más antiguas que rigen en España. Me refiere al artículo 3, que dice en su apartado 1: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

 

Realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Ahí lo dejo.